Gobernando a favor del pueblo (28 de Mayo 2010)

Los años de puesta en práctica de la estrategia neoliberal tuvieron como objetivo principal mantener y aumentar la tasa de ganancia de las clases dominantes. Al mismo tiempo generaron una ofensiva ideológica en el plano cultural, científico, y político que tuvo como fin crear en el imaginario social la afirmación de que se vivía en el mejor de los mundos posibles.
Sin embargo, el neoliberalismo llevó a la exclusión social a millones de seres humanos, aumentando los grados de explotación y marginación de los sectores subalternos. Su instalación a través de la dictaduras en los 70 y su posterior avance en la década del 80 y comienzo de los 90, tuvo su freno a partir de las diferentes respuestas sociales que en el planeta se levantaron. Estas movilizaciones populares en particular en América Latina fueron canalizadas a través de un giro a la izquierda de un importante conjunto de gobiernos de la región. A nivel mundial tuvo como consecuencia el descarte, en su forma pura, de las recomendaciones del consenso de Washington.
La reacción mencionada implicó una reestructura de la dominación, que ya no pudo ser tan descarnada. No obstante, algunas de las medidas económicas que son la base del neoliberalismo, permanecieron como inmutables: equilibrio fiscal, pago del endeudamiento externo, priorización de las inversiones extranjeras. Ello es parte de una herencia nefasta que lleva a pensar que no existe otra alternativa que “mejorar” el modo de producción actual. De ahí que para un amplio sector del pensamiento progresista y de izquierda la alternativa no es el socialismo sino “democratizar el capitalismo”.
En el mundo se ha hecho “normal” que gobiernos de “izquierda” lleven adelante los reajustes fiscales. En España el actual recorte fiscal es llevado adelante por el PSOE y el que reclama que al hacerlo se está atacando a los sectores populares -cosa que es cierta- es el Partido Popular. A la derecha no le interesan las necesidades populares pero aprovecha que otro es el que hace su trabajo para hacer sus discursos demagógicos.
Este es un problema constante para los gobiernos latinoamericanos que han asumido con un programa nacional, popular y democrático y a la hora de la ejecución del mismo tienen que negociar con la oposición los votos en el Parlamento. Las leyes resultantes a veces tienen tantos recortes –a veces incluso autoimpuestos- que no permiten a los ciudadanos distinguir un gobierno de izquierda de uno de derecha.
Nosotros llevamos la ventaja de tener una mayoría parlamentaria que nos permite aprobar la mayoría de las iniciativas. Ello no impide que iniciemos un proceso de acuerdos con la oposición para integrar los organismos estatales. Pero las teorías de la “gobernanza” no pueden llevarnos a pensar que los objetivos finales son los mismos y que los acuerdos puntuales son inocentes. A los integrantes de la oposición no sólo les interesa –como manifiestan- integrar los organismos estatales para cumplir los necesarios controles sino para apropiarse de los avances y entorpecer aquellas propuestas que puedan ir en sentido contrario a sus intereses.
En pocos meses comenzará la discusión de la Ley de Presupuesto, cuyo contenido implica la definición de las grandes líneas de acción estatal respecto de toda la sociedad. Seguramente desde el Parlamento y desde los cargos que ocuparán en los organismos estatales, los opositores volverán a plantear la necesidad de transformar el Estado en algo más eficiente, asimilando tal carácter al tamaño “pequeño” del Estado. En ese sentido no han dudado en afirmar que la reforma del Estado tiene la traba de los gremios que “se han transformado en grupos de poder y al amparo de una mal entendida solidaridad y de las debilidades coyunturales del sistema político -o de su complicidad, muchas veces- buscan sacar ventajas y mantener privilegios”. Abonan las ideas y la acción de los corporativismos y al tiempo atacan a los que no son tales, sino gremios movilizados en sus sindicatos y su nucleamiento máximo el PIT CNT porque según dicen “es correcto y todo el mundo tiene derecho y hasta la obligación de defender sus intereses, pero el límite está en no perjudicar al país. Que las prebendas de unos pocos no signifiquen un retaceo a las sagradas expectativas de los muchos”[1] . ¿Habrá que preguntarse quién perjudica al país y por qué?

Veamos un ejemplo de cuáles son las “sagradas expectativas” que no se deben tocar atentos a los planteos de la derecha.
Esta semana nuestro gobierno tomó la medida de modificar la apertura del secreto bancario y gravar con IRPF los intereses de los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay. La crítica de los llamados partidos tradicionales no se hizo esperar. Toman como caballito de batalla el IRPF para seguir trabajando sobre un sector de las capas medias haciendo hincapié en que con ello se gravan los ahorros de los uruguayos [2]. En realidad desvían el objetivo de su oposición que es el rechazo al levantamiento del secreto bancario. Obvian lo fundamental: esta medida permitirá a la DGI ver los depósitos bancarios y su origen, a fin de evitr que los grandes evasores utilicen supuestas rentas en el extranjero como excusa para no tributar.
Es indudable que se necesita una transformación democrática del Estado pero para ello es necesaria la participación de todos: gobierno, trabajadores y usuarios. Una transformación que debe ser profunda y no sólo vinculada a la gestión. Un cambio que conlleva la transferencia real de poder al pueblo trabajador y la transparencia frente a los gobernados.
El papel del Estado quinquenio es un tema central. Ellos que hoy están exultantes por los resultados de las elecciones municipales no están dudando en plantearlo y por lo tanto tratando de marcar la cancha de la discusión.
Nuestra fuerza política, que debe hacer un balance meditado y serio de lo sucedido en el conjunto de las elecciones, al mismo tiempo ha de salir en ofensiva asumiendo lo que la derecha nos reclama “que los triunfadores se transformen en gobernantes y los gobernantes, gobiernen”
Claro que gobernaremos pero lo haremos en función de los intereses de los menos privilegiados. En pos de seguir construyendo un país productivo con justicia social y profundización democrática.


[1] Todo las citas son del editorial del diario “El Pais” del 24 de junio de 2010

[2] El propio diario “El País” menciona que el total de los depósitos en el exterior andaría rondando los 8.718 millones de U$S y el IRPF gravaría el 12% de los intereses obtenidos. Lo que implicaría una recaudación según este diario de unos 20 millones de dólares.