La agresión brutal de los comandos israelíes a la “flotilla de la libertad” no merece más que el repudio internacional. En los seis barcos que componían la flota, cuyo claro objetivo era la solidaridad humanitaria, viajaban unas 700 personas. Todas ellas se habían unido para hacer llegar ayuda a la población de Gaza.
Al momento se sabe que existen por lo menos 10 civiles asesinados y más de 50 gravemente heridos. A ello se suma la deportación en estos días de los demás tripulantes, aunque se sigue manteniendo cautivos a los palestinos de origen israelí en condiciones “desconocidas”.
Este acontecimiento sangriento es una muestra de la continua agresión que el gobierno de Israel realiza sobre Gaza y que le ha costado la vida a miles de palestinos. Sin embargo las autoridades israelíes procuran mostrar a las víctimas del ataque como los grandes culpables.
El gobierno de Israel actúa nuevamente con impunidad, envalentonado por el respaldo incondicional que de hecho tiene de EEUU. Para muestra basta ver cómo ambas naciones votan juntas en la ONU o en cualquier organismo internacional.
Si en la década de los 90 había quienes negaban o relativizaban la existencia del imperialismo no sólo como categoría de análisis sino también como realidad concreta, favorecidos por el avance del pensamiento único, hoy no pueden seguir ocultando los intereses que denotan en estas y otras tantas acciones guerreristas. Tampoco pueden seguir defendiendo que la política exterior de Obama es distinta a la que llevó adelante George Bush jr, tanto en su actuación como en la política de alianzas.
Este nuevo atropello es una demostración cabal de la aplicación de la ley de la selva en el ámbito internacional, según la cual el más fuerte sobrevive e impone sus reglas (porque los que no están conmigo están en mi contra).
Por ser la del capitalismo, es la idea que prevalece en las clases dominantes de nuestro país y así se puede desprender de sus acciones cotidianas.
Nótese cuál es el planteo de la patronal en el conflicto en CONAPROLE. La empresa pasa a juez a un conjunto de trabajadores por apropiarse de dinero en las transacciones comerciales, de los cuales algunos son encontrados culpables de hechos delictivos y son echados de su trabajo. Sin embargo el conflicto se produce cuando se despide a un trabajador al cual la justicia encontró inocente.
Los sindicatos han defendido siempre el derecho de sus trabajadores frente a la injusticia que se produce en una sociedad dividida en clases; incluso lo hacen legítimamente enfrentándose a los poderes del Estado. No fue precisamente éste el caso, pues como han declarado los dirigentes de AOEC ya han existido otros despidos en la empresa y el sindicato no tomó ninguna medida. Lo grave es que se quiere matrizar en la población, dándolo como un hecho, la existencia de una “corporación” que presiona para que se deje trabajando a alguien que según ellos –no la Justicia- delinquió. Al mismo tiempo se busca culpabilizar a los trabajadores por la falta de leche en el mercado.
La empresa quiere doblegar al sindicato, quiere imprimir la ley del más fuerte y por ello parece no aceptar ninguna de las propuestas del Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, no debe resultarnos extraño que en este mes, en que se comienza a discutir y elaborar el Presupuesto Quinquenal, el objeto de culpabilización sean los funcionarios públicos.
Recordemos que cualquier mejora en los ingresos de los empleados públicos tiene consecuencias directas sobre el ingreso del conjunto de los trabajadores. Pero lo más importante a tener en cuenta es el objetivo principal de las clases dominantes: aumentar su tasa de ganancia. A pesar de que sus ganancias, por más que repitan quejas continuas, no han disminuido durante los años de gobierno de FA.
¿Cómo operan en nuestro ámbito y en las actuales circunstancias? En primer lugar intentarán que la ronda de Consejos de Salarios no mejore la distribución de la riqueza. Buscan que la misma finalice sin mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. En segundo lugar presionan y seguirán haciéndolo para que el Estado vuelva a restringir su actuación en la vida económica del país. Ansían un Estado que no profundice la calidad de la democracia en el país, que no invierta en educación, en vivienda y en el desarrollo productivo.
Se acercan meses en donde se profundizaran las contradicciones sociales en torno al reparto de la riqueza. Se necesita seguir trabajado para la organización y movilización de los trabajadores y el pueblo uruguayo por un proyecto de país productivo con justicia social y profundización democrática.
De ahí que a nuestro gobierno actual se impone requerirle medidas concretas que se guíen por lo expresado en el programa del FA. Porque sigue vigente la contradicción principal en la actual coyuntura: o se construye un país productivo con justicia social y profundización democrática o, de lo contrario, tendremos mayor dependencia.
En tanto nos disponemos a enfrentar esa contradicción fundamental, estamos dispuestos –y convocamos en ese sentido- a desplegar al máximo la capacidad de acción en todos los ámbitos del bloque político y social, democrático radical de los cambios. En el gobierno. En el Frente Amplio como coalición de sectores políticos y organismos de base. En el movimiento social todo: trabajadores, jubilados, estudiantes, profesionales, pueblo uruguayo en definitiva.
Hacerlo así requiere la aplicación del programa de cambios en la perspectiva de profundizar la democracia. Hacia una democracia avanzada como vía que nos aproxime a la necesaria sociedad sin explotados ni explotadores.
Porque Goliat no puede ganar el combate.
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