La “conmemoración” de la recuperación democrática. (23 de Julio 2010)

Este es un año plagado de conmemoraciones de nuestra rica historia como Latinoamérica. Se cumplen los 200 años de los procesos libertarios frente al dominio español, los 100 años de la revolución mexicana y 25 años de la recuperación democrática de nuestro país. Para impedir olvidos o reconstrucciones intencionadas, es necesario ubicar esos procesos en su contexto histórico, ver las correlaciones de fuerzas que se crearon y los objetivos que se persiguieron y concretaron. Saludar la reconquista de la democracia sin valorar el motivo real por el cual se perdió sólo sirve a los intereses de las clases dominantes, la intención que estos tienen de reconstruir su hegemonía limpiándose del pasado reciente que las involucra y responsabiliza directamente. Casual no puede ser que el Partido Colorado inicie un “ciclo de conmemoraciones” de los 25 años de democracia y además tenga entre sus panelistas a Pedro Bordaberry. El joven candidato, ejemplo de lo que se ha llamado “nueva derecha”, carga con el apellido del presidente que dio el golpe de Estado. Como hemos afirmado más de una vez los hijos no son culpables de los actos de sus padres, pero Pedro nunca ha criticado el golpe. Por eso no es un azar que se intente la reconstrucción de los 25 años eludiendo los orígenes, pues necesitan forjar un candidato “impoluto” para el 2014. Una forma distinta de aplicar las consabidas frases “dar vuelta la página” o “no tener ojos en la nunca”. Los llamados partidos tradicionales tienen mucho que ver con el proceso que nos llevó a la dictadura. Fue durante sus gobiernos que se aumentó la dependencia con EEUU y también se mandó a educar en escuelas de EEUU a civiles, policías y militares para que fueran represores del pueblo. En esas “escuelas” aprendieron técnicas de tortura en torno a la Doctrina de la Seguridad Nacional, para ser luego integrantes del Plan Cóndor. Son además responsables porque adheridos a un plan de contraofensiva yanqui, y en el marco de un proceso de cada vez mayor concentración de la riqueza en manos de la oligarquía y del imperialismo, prepararon el camino a la concreción de la dictadura usando la represión contra obreros y estudiantes en nuestro país. El golpe de Estado se produce para frenar el avance popular y no para detener una guerrilla que estaba ya derrotada. El golpe fue el recurso de la clase dominante ante la pérdida de su dominio hegemónico de las masas populares, de sectores de la economía y del aparato del Estado Se hizo para fortalecer los factores de dominación a manos del imperialismo y la oligarquía, para así aplicar la estrategia neoliberal trabada por la lucha de masas que se llevaba adelante cumpliendo la confrontada estrategia popular de acumulación de fuerzas. La lucha contra la dictadura tuvo como eje central a la clase obrera organizada y al pueblo en su conjunto. Entre los partidos políticos la oposición del FA fue unánime desde el mismo día del golpe y fue acompañada por sectores importantes del Partido Nacional a partir del 3 de julio cuando hace un llamado a la lucha contra “un gobierno nacido de elecciones fraudulentas que ahora intenta perpetuarse por medio de la dictadura”. Mientras el Partido Colorado a través de dirigentes como Julio María Sanguinetti declaraba en radio que nada tenían que hablar con el FA por su carácter antidemocrático. Obviamente la correlación de fuerzas que se fue construyendo a la interna del país y en el exterior “obligaba” a la conformación de un bloque democrático antidictatorial del que nadie quería quedar afuera. Esto se trata de soslayar cuando se intenta construir la historia a partir de 1985. Pero al mismo tiempo se busca volver a asentar la idea del “cambio en paz” y de que primero se debe estructurar la “democracia política” para seguir con la “democracia social”. Con lo cual se fundamenta el no cumplimiento de los acuerdos de la CONAPRO a nivel social y económico y en particular la Ley de Caducidad. En la conferencia realizada los otros días en el Palacio Legislativo tanto Lacalle como Sanguinetti pusieron en el mismo paquete, como “leyes de paz”, a “ la ley de amnistía, la ley de reintegro de funcionarios públicos y la ley de caducidad", que según ellos eran "seguramente imperfectas, pero era lo posible en el momento". A partir de estos supuestos de “posibilidad” argumentan el no cumplimiento de los acuerdos sociales. Sin embargo durante sus gobiernos llevaron adelante el programa de las clases dominantes. En estos 25 años buscaron achicar el Estado a su mínima expresión; así lo demuestran sus privatizaciones y asociaciones en detrimento de los intereses populares que realizaron durante décadas. Fracasaron en su objetivo final de privatizar el conjunto de las empresas públicas siguiendo al pie de la letra el consenso de Washington, porque fueron enfrentados por la lucha de los trabajadores y el pueblo organizado. Defendieron los intereses de su clase al buscar maximizar la tasa de ganancia a través de la desregulación laboral. En el período en que según sostienen “los uruguayos vivimos mejor”, sus intereses se expresaron en la acción del gobierno, a través de su política económica y social, y en especial en la llamada “Reforma del Estado” (con sus medidas de privatización, asociación, desguace, etc.) apuntando a hacerlo más funcional a sus intereses. Generaron por un lado la cada vez mayor concentración de la riqueza en menos manos, y por otro un aumento de la crisis económica y social. De modo tal que al permanente ataque a los derechos de los trabajadores se sumara la exclusión de cada vez más sectores de la sociedad: capas medias, artesanos, pequeños, medianos y aun grandes productores, comerciantes e industriales, etc. Todo ello se expresó en los altísimos niveles de desocupación, subocupación, desaparición de unidades productoras y enormes niveles de endeudamiento del agro, la industria, y el consumo familiar. Durante sus gobiernos las fábricas se convirtieron en depósitos y miles de uruguayos tuvieron que construir viviendas en asentamientos, sin acceso a condiciones mínimas de vida. Ese detrimento de la vida social se extendió a todo el país, cada departamento, ciudad o pueblo, con las peculiaridades de cada lugar. Los frenteamplistas estaremos omisos si no recordamos el conjunto del proceso, porque permitiremos construir una imagen deformada de la realidad en donde nadie se hace responsable de las situaciones de exclusión social con las que nos encontramos al recibir el gobierno en 2005. La responsabilidad alerta y nunca ingenua de nuestra labor política exige comprender los movimientos de corto y largo alcance de la oposición y actuar de modo que impida caer en ellos. Lo cual incluye cuando es necesario, utilizar el espacio que esa misma oposición se atribuye, como tribuna para puntualizar nuestras diferencias.