El martes 20 de este mes, el juez Fernández Lecchini sentenció a Juan Carlos Blanco a 20 años de prisión, por el caso de la desaparición de Elena Quinteros. Pese a que la fiscal Mirtha Guianze había pedido la condena por el delito de desaparición forzada, Lecchini concibió que correspondía el de homicidio especialmente agravado. Con esta resolución la Justicia uruguaya sigue, sin duda, en el camino de procesar a aquellos que violaron los derechos humanos durante el proceso de la dictadura y sus antecedentes notorios. Sin embargo la existencia de la Ley de Impunidad no permite profundizar este proceso de verdad y justicia. No obstante habremos de insistir en los adeudos de nuestra legislación respecto de las recomendaciones internacionales que son contundentes en cuanto a la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad. Y en ese sentido seguiremos insistiendo en la necesidad de liquidar toda forma de impunidad sobre esos delitos, así como la exigencia de toda la verdad necesaria a los fines de la justicia imprescindible.
Procede en su aprovechable beneficio –a virtud de la sobreviviente ley de impunidad- el editorial del jueves 22 del vocero principal del Partido Nacional, “El País”, titulado “La lección de Garzón”. Se relaciona con la situación que vive el juez español ante una posible condena de inhabilitación, por declararse competente para investigar los casos de desapariciones y enterramiento en fosas comunes del franquismo.
Al respecto es necesario recordar que Franco se impuso a sangre y fuego sobre una república popular, y que lo hizo apoyado por el nacifascimo. Alemania e Italia experimentaron en tierras españolas las armas y las tácticas que luego utilizarían en la segunda guerra mundial frente a la indiferencia de los gobiernos de las potencias capitalistas.
El mencionado artículo editorial de El País trata de mostrarnos a la sociedad española dividida en torno al tema. Se afirma que la “lección fundamental de este caso” es que “la "judicialización" de la política, o al revés, la politización de la justicia, son caminos que inevitablemente llevan “a mal destino”. Que los procesos políticos absolutamente excepcionales, como fue la guerra civil española, el franquismo, o las guerras sucias en América Latina, deben ser resueltos por las sociedades afectadas por medios también políticos. Y no se trata aquí (en este momento) de tomar una posición en favor de las amnistías como en España, o de los procesos como en Argentina. Pero las democracias necesitan poderes judiciales confiables, independientes y que den garantías a todos. Cuando eso se pierde es muy difícil volver atrás.
Se trata de un drama que no es ajeno a nuestra región, donde abundan los casos de dirigentes que al no poder lograr sus fines por medios políticos, pretenden usar a la Justicia como “arma para imponer sus objetivos”.
Obviamente lo que el editorialista no quiere, y con él la oligarquía, es que se siga investigando. La historia reciente les pesa, porque la dictadura fascista tuvo en sus inicios y desarrollo la participación de dirigentes de ese partido.
Ahora todos quieren desmarcarse de su pasado, nadie es responsable de la situación en la que encontramos el país hace cinco años –después de la vuelta a la democracia pero con gobierno y poder en sus manos-.
Un ejemplo del pretendido desenmascaramiento son los trapitos al sol que han aparecido en la polémica que, directa o indirectamente a través de facebook, han protagonizado los dirigentes blancos y colorados. Demostración de cómo quieren desligarse de las consecuencias del neoliberalismo llevado a cabo por sus partidos.
Trabajar sobre la desmemoria siempre sirve a los intereses de las clases dominantes.
En Montevideo, la campaña de los candidatos de los llamados partidos tradicionales, apunta con su propaganda y discursos a la desmemoria de la ciudadanía de los logros de estos 20 años de gestión municipal. Además hincan el diente en la interna frenteamplista buscando divisiones internas y por último recurren al viejo caballito fundamentalmente anticomunista.
No es tarea sencilla reflexionar sobre los cambios que se han producido en la capital, cuando por lo menos una generación no vivió el Montevideo colorado. Un gobierno municipal de claro contenido social como lo demuestran sus policlínicas, su apoyo a las escuelas o el boleto subsidiado en el marco de 15 años en los cuales el Poder Ejecutivo –en manos blanquicoloradas- le dio la espalda. Un FA que apuntó desde el inicio a la participación ciudadana a través de la descentralización.
Sin duda tenemos aspectos a seguir mejorando en limpieza, transporte, inversión y contribución.
Como dice Ana Olivera, -nuestra candidata a presidir la Intendencia montevideana- se tiene que crear un nuevo plan director en el caso de la limpieza teniendo presente que hoy se produce el 30 % más de basura que al inicio de la presente gestión.
El Plan de Movilidad Urbana que se inició con Erlich permite a miles de montevideanos abaratar el costo de su transporte y hacerlo más eficiente, se va a fortalecer.
La futura intendenta de Montevideo sabe, no sólo por su participación en la gestión municipal sino como viceministra del MIDES durante 5 años, que las políticas sociales son una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y a partir de esta elección, los gobiernos municipales. No hay que olvidar que las 21 policlínicas municipales que existen ya están actuando coordinadamente con el MSP.
El hincapié que los candidatos blanquicolorados hacen sobre los impuestos olvida mencionar cómo se ha reducido la contribución inmobiliaria en este período o que el acuerdo de las patentes fue violado por intendentes de sus partidos políticos. Es muy fácil tener una patente de rodados barata cuando la caminería que se rompe es de otro departamento.
A ello se suma que algunos candidatos de la oposición levantan el tema de la seguridad, de la misma forma en que lo hicieron en la campaña nacional, haciendo propuestas inadmisibles en tanto se adjudican a las Intendencias funciones que no le competen.
En el caso de Montevideo –no exclusivo- no contentos con esto buscan generar divisiones internas aprovechando rendijas que dejamos abiertas. La propaganda que ellos están realizando se dirige a ganar votos de ciudadanos descontentos. Su objetivo es que tengamos la menor votación posible y por lo tanto un menor peso en la Junta Departamental. Saben que pierden y nosotros sabemos que ganamos, lo que tiene como consecuencia el problema de no poner toda la carne en el asador a la hora de buscar convencer a los montevideanos.
Sabemos –al menos en Montevideo- que en las diferentes coordinadoras puede haber y de hecho los hay, compañeros que no acuerdan con el candidato a votar en su zona para alcalde. Creemos que están viendo el árbol y no el bosque. Porque si algo para nosotros está fuera de duda, es que los alcaldes defenderán el programa del FA. Su elección fue fruto de un trabajoso proceso de discusión que permitió, en los mayores casos en que se pudo, una salida unitaria y no la dispersión de candidaturas. Los hombres y mujeres que encabezan estos procesos le podrán dar una impronta particular, en tanto son individuos. Pero lo esencial es la organización, el trabajo en conjunto y sobre todo que ello sea basado estrictamente en el programa departamental.
Hay que ver las patas de la sota para no caer en sus trampas. Nos quedan dos semanas de intenso trabajo. Sin perder tiempo entonces, salgamos a ganar para nuestro pueblo la mayor cantidad de intendencias y municipios que respondan a sus legítimos intereses.
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