Editorial 19 de Marzo 2010

La historia reciente es un campo de batalla permanente de las clases en pugna. Conocer el pasado nos permite entender el presente y transformarlo en un sentido liberador. Por ello desde siempre las clases dominantes han buscado deformar la historia.
Hace unas semanas, en un histórico fallo, la justicia uruguaya sentenció al ex dictador Juan María Bordaberry por los crímenes cometidos bajo su mandato y por su pleno conocimiento del accionar coordinado en torno al Plan Cóndor. El dictamen, en su fundamento, tira por tierra el manido argumento de los “dos demonios”.
El Uruguay fue sometido a una dictadura fascista durante casi 12 años. Dictadura cívico-militar cuyo objetivo fue cortar a sangre y fuego el avance en la acumulación de fuerzas que nuestro pueblo venía haciendo a nivel social y político. El golpe de Estado y la dictadura fueron producto de la acción conjunta y planificada por parte del gobierno de EE.UU, la oligarquía local, los sectores ultraderechistas de los llamados partidos tradicionales, y los mandos militares fascistas. Mandos militares que fueron, en gran parte, educados en escuelas estadounidenses, durante los años previos. Las clases dominantes usaron el aparato del Estado para quebrantar las libertades, masacrando en forma sistemática a los trabajadores y el pueblo, al Frente Amplio y a los sectores democráticos del Partido Nacional y el Partido Colorado.
No existió una guerra sino el ejercicio del terrorismo de Estado con la finalidad de aplicar la estrategia neoliberal aumentando la tasa de ganancia, y evitar cualquier forma de resistencia a esos fines. Los objetivos perseguidos fueron causa de que la deuda externa se multiplicase por diez (pasó de 560 millones de dólares a casi 5600), y que al mismo tiempo se generase una brutal redistribución de la riqueza a favor de los grandes grupos económicos y trasnacionales, en desmedro de los trabajadores y jubilados.
Durante ese período el Estado disminuyó sensiblemente su participación en las políticas sociales.
El pueblo uruguayo resistió de múltiples formas la dictadura, particularmente a través de la CNT y el FA. Se vivió más de una década de represión, oscurantismoy violencia brutal que produjo decenas de miles de exiliados y despedidos, cerca de 11.000 presos (muchos de ellos salvajemente torturados), más de 200
desaparecidos, más de 170 muertos.
Por tanto, las familias de decenas de miles de uruguayos fueron afectadas. En particular, el PCU y la UJC fueron blanco permanente de la dictadura. Los comunistas podemos afirmar orgullosamente que, como parte de nuestro pueblo, luchamos cada día de la dictadura. Mantuvimos nuestra prensa pese a la represión (la “carta” clandestina, la revista Estudios editada en el exterior). También sostuvimos los vínculos con los trabajadores y el pueblo, poniendo nuestra organización al servicio de la lucha por la libertad, la democracia,
y los derechos populares. El costo fue inmenso para los comunistas: más de 6.000 presos y torturados, 37 asesinados, más de 30 desaparecidos y miles de exiliados. Por esa actitud y el sacrificio que significó, se nos designa con justicia como “Partido de la resistencia”.
En diciembre del 2008 en el V Congreso Extraordinario del FA “Zelmar Michelini” se reconocía que nuestro primer gobierno había “(…) cumplido con el artículo 4° de la Ley de Caducidad, que obliga a investigar los delitos denunciados y se ha habilitando la acción de la Justicia a través de una interpretación diferente de la ley de caducidad, representando esto un avance significativo, aunque queda mucho por hacer, en materia de verdad y justicia y en el respeto a los derechos fundamentales.
La democracia se fortaleció en nuestro país también en este plano y el respaldo popular que tuvo la acción del gobierno y el Poder Judicial desmintió décadas de amedrentamiento”. Al mismo tiempo se asumía el compromiso de dejar atrás “la cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia(…) y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para lo cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.
La búsqueda de toda la verdad y de los restos de los desaparecidos no admitirá descanso, para lo cual se impone asignar esta función a una institución dotada de recursos materiales y humanos suficientes para una tarea de esta envergadura.
De más de doscientos desaparecidos se han recuperado solamente los restos de siete y se resolvieron judicialmente trece casos. Y sigue dando las mismas inaceptables respuestas, ante la opinión pública y ante los jueces: que “no saben”, que “no se acuerdan”. Esa es nuestra verdad de hoy. En nuestro país, aún no se han curado las heridas porque tenemos una verdad recortada, porque no se puede recordar lo que resta por saber y porque aún no se ha hecho toda la justicia a que tienen derecho las víctimas del terrorismo de Estado. Es necesario asumir que la tarea pendiente sigue siendo enorme. El no haber conseguido la mayoría de votos necesarios para anular la Ley de Caducidad no impide que se siga cumpliendo con el articulado de la misma.
Los comunistas seguiremos peleando sin descanso, en todos los ámbitos donde participamos, por la verdad y la justicia, tal como lo impone el programa de nuestro Frente Amplio.