viernes, 19 de febrero de 2010

Editorial 19 de Febrero 2010



Nuestro Uruguay no es una isla: ni en la región ni en el planeta. Variados ejemplos tenemos en el cuadro imperialista y en la actuación de la Unión Europea sobre soluciones a la crisis buscadas por los países «desarrollados» que aparentemente solucionan un fenómeno pero en tanto no van a la raíz del problema, -las contradicciones internas del propio sistema-, su destino final es el fracaso. Hemos advertido cómo en estos momentos están en proceso, un conjunto de nuevas burbujas productivo-financieras, que en el corto y mediano plazo, estallarán. Y en cuanto a las acciones desesperadas, un ejemplo contundente es la actuación que ya señalamos del imperialismo yanqui, que oculta tras la ayuda humanitaria la permanente intervención militar en Haití. Olvidar que el control de su patio trasero siempre ha estado en su agenda es cometer un craso error. En estos años ha ido variando la táctica en procura de frenar la tendencia general (más allá de ciertos retrocesos) de avances de pueblos y gobiernos latinoamericanos. Habrá de tenerse en cuenta, en ese cuadro general, el triunfo de la izquierda, nuevamente, en nuestro país. Al respecto, esta semana pasada el Parlamento ingresó en un nuevo período que refleja en su composición el deseo de los uruguayos en cuanto a profundizar cambios. No llama la atención que los principales líderes de la oposición asuman sus cargos parlamentarios y que estén dispuestos en primera instancia a incorporarse a los entes y órganos descentralizados. La táctica que usaron durante nuestro primer gobierno fue apartarse de cualquier responsabilidad para poder así aparecer al margen de los posibles errores que cometiéramos, considerando –complacientes con ellos mismos y especulando con determinadas necesidades de sus seguidores- que éramos incapaces de llevar adelante cualquier modificación de la realidad que ellos nos dejaron. Los avances logrados sobre la situación de vida de miles de uruguayos demostraron no sólo la capacidad de gestión del gobierno frenteamplista sino una concepción diferente de las prioridades sociales. Fue el mejor gobierno en décadas para los intereses de las grandes mayorías, y resultó respaldado por la ciudadanía. Los llamados partidos tradicionales seguramente asumirán cargos en los entes y servicios descentralizados no sólo como forma de controlar sino también para asegurar lugares a sus propios «desempleados políticos». Sus líderes tratarán de generar hechos políticos ya sea a través de leyes, algunas de las cuales buscarán presentarse más a la izquierda que las que nosotros propongamos para generar divisiones internas. Y otras que en su caparazón resulten populares pero de profundo contenido reaccionario. (Por ejemplo en lo que refiere a seguridad). También lo seguirán haciendo a través de interpelaciones constantes a nuestros ministros. A nivel local se preparan para ganar la mayor cantidad posible de gobiernos municipales, más allá de la bomba de humo que es el recurso de inconstitucionalidad. Su rechazo de fondo de la ley se encuentra en que implica la redistribución de poder, que ya no radicará en representantes nombrados por el Intendente, sino en un Concejo Municipal de 5 miembros encabezados por un alcalde y ello por un proceso electoral. En el conjunto del país es un avance cualitativo y cuantitativo en la profundización de la democracia. Independientemente de que en Montevideo –con 20 años de descentralización- se pase de 18 Centros Comunales Zonales a 8 Municipios. No estamos diciendo que la Ley sea perfecta sino que, por el contrario, debe ser mejorada en el proceso de seguir ampliando la democracia. Pero si en algo persisten es en su estrategia de fondo: cómo dividir a nuestra fuerza política, tratando de enfrentar a los sectores que la componen o introduciendo discusiones desde afuera. En tal sentido, no es por azar que el diario El País, vinculado desde siempre al Partido Nacional, dedique amplio espacio de un suplemento a la alianza entre el MPP y el PCU. El argumento esgrimido por el suplemento «Qué pasa» del sábado 13 de febrero, es que existe un acuerdo entre estas dos fuerzas políticas, por el cual los comunistas dieron sus votos al candidato a presidente Mujica en el Congreso del FA a cambio de cargos en la gestión. Este acuerdo garantizaría el control del FA al tener el PCU el dominio sobre un tercio de la estructura de base y el MPP ser la fuerza mayoritaria en cuanto a votos. El desarrollo del artículo, propone de hecho que la única posibilidad de incidir que tienen los otros grupos políticos en estos 5 años en el FA es «cambiando la organización de la fuerza política» para así limitar o eliminar el peso de los comunistas. No es baladí el «consejo» que brindan «generosamente ». Porque trata de socavar la estructura del FA, su contacto permanente con el pueblo a través de los comités de base. Desde semejante asesoramiento se convierte al Frente Amplio, que es en su esencia coalición y movimiento, -es decir reunión de organizaciones políticas y participación permanente de las bases y su representación, más allá de los actos electorales- en un partido de electores. Pero es necesario atender con el mayor cuidado, que tal «consejo» se abre camino aprovechando cualquier baja participación en los comités de base, que permite que florezcan posturas como las «sensibles» propuestas mencionadas. El tema de fondo de la discusión de la izquierda es la participación y cómo garantizar que la misma no sea nunca una mera formalidad: no es ese el fundamento que en su historia ha llevado al Frente Amplio a crecer y doblar la apuesta desde un segundo gobierno para el mayor protagonismo y avance hacia el poder popular. Las transformaciones de fondo necesitan pueblo organizado, que elabore y se consustancie con el proyecto, que lleve a la profundización de la democracia en todos los niveles. La estructura de nuestro FA permite el desarrollo de la discusión, el intercambio, la elaboración. Es necesario el análisis de los últimos cinco años de gestión y a partir de ello multiplicar la acción militante de quienes son parte esencial de la política en el gobierno. La impronta que ha tomado el nuevo gobierno electo, de consulta a los órganos de dirección del FA, es saludable. Sin duda permitirá tener mayor confianza aun en la repercusión de las discusiones que se realicen. Aunque esto por sí solo no baste para mejorar la participación, es un avance. Y si bien existen efectivamente cuestiones que no son «de principio», más allá de cualquier actualización que se discuta, la profundización de la democracia participativa real seguirá siendo eje principal para el conjunto de la izquierda.


Y a propósito


No merece el tema más líneas de las que lleva. Pero menos tampoco. Lo que en este editorial se señala como “consejos” de los que no acusamos como aceptables de parte de la oposición, aparece insistentemente desde largo tiempo y por distintos medios –señalamos inevitablemente a “Búsqueda”, tradicional al efecto- y entre otros a “la diaria” en diversas oportunidades, la última del día jueves 18 de febrero. Sólo a los efectos de que nuestros lectores no se lleven a confusión, aclaramos algunos puntos esenciales: - El PCU siempre actuó, haciéndolo además en conjunción con la 1001 que es su lista integrada con aliados, en el sentido de lograr fórmulas unitarias y atendiendo siempre a los organismos correspondientes, tanto internos de la lista como internos del Frente Amplio. - Las decisiones tomadas por la dirección del PCU se refirieron siempre a la discusión necesaria en su ámbito y de acuerdo con situaciones reales y nunca con situaciones fortuitas. La situación real respecto del MIDES es que la compañera Marina Arismendi –sin duda de impecable trayectoria en su responsabilidad- manifestó su intención de jubilarse y su expresa disposición a hacerlo así. - De tal modo que cualquier referencia a si es conveniente o no su permanencia en el MIDES carece de validez alguna por la propia decisión de la persona aludida a la que debe respetarse en todos sus términos. - Cualquier otra interpretación carece de credenciales por más que sean agradecidos los reconocimientos a determinadas declaraciones públicas y a la deferencia que a las mismas presten algunos medios de comunicación.

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